Los parados comiezan a recibir cartas en las que se les advierte de que empresas 'subcontratadas' -una de Chiclana de la Frontera, en el caso de la provincia de León, que se embolsa 1,1 millones- realizarán ahora gran parte de las labores del ECyL (antiguo Inem). Si los desempleados no colaboran con estas empresas podrán ser sancionados.
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