Esta medida tendría un impacto sobre 2 millones de familias, la mayor parte de ellas de ingresos bajos, que verían incrementados los impuestos que pagan de IRPF. El documento señala que esos ingresos extra de la Administración deberían “revertirse en el avance hacia un sistema de prestaciones universales por hijo, en prestaciones a las familias monoparentales y en otras prestaciones y servicios que favorezcan la igualdad de género”. Algo muy complicado en un momento en que la prioridad es atajar el déficit público.
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