Socialistas, populares, CiU y PNV impidieron la posibilidad de que la Cámara Baja instara al Gobierno a declarar “nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo, y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por los tribunales u órganos penales de la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional de la República.
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