El sondeo se efectuaría en la zona entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas y se emplearía la fractura hidráulica. La solicitud, como parece ser costumbre entre las empresas gasistas, no se ha anunciado públicamente, despreciando así a las miles de personas que el pasado 6 de octubre se manifestaron en las calles de Santander, e ignorando a los más de 40 ayuntamientos de Cantabria que han aprobado mociones en contra de esta peligrosa técnica.
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El consistorio tiene 30 días para presentar sus alegaciones sobre el alcance del impacto ambiental del proyecto. En teoría, el municipio no tendría que participar de dicha tramitación, ya que la nueva norma regional, la primera de este cariz en España, impide el uso del fracking en todo el territorio cántabro aunque la adjudicataria disponga de autorización del ministerio. Sin embargo, y como adelantó este diario el martes, Repsol no tiene intención de detener una inversión que, en global, supera los 20 millones, según refleja la documentación oficial de 2010.
Es decir, que el Parlamento de Cantabria saca una ley y ahora se la pasan por el forro de los c******. Veremos ahora si Ignacio Diego cumple su palabra.
Un brindis al sol para quedar bien con el populacho, a sabiendas de que no vale para nada su oposición.
Me recuerda a un caso que conozco en el que un alcalde se cuelga la medalla de evitar que una empresa contaminante se amplíe en la localidad, cuando dentro de la empresa se sabía de antemano que la ampliación pasaba a ser inviable económicamente con el inicio de la crisis.