Los empresarios integrados en la Plataforma multisectorial contra la morosidad consideran que el retraso en los pagos de las administraciones públicas valencianas -Consell, ayuntamientos y diputaciones- han obligado a cerrar sesenta mil empresas en la Comunitat Valenciana desde el último semestre de 2008, la mayoría de tamaño pequeño y mediano, al no haber podido hacer frente a los gastos
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