Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura pretenden que la despoblación se tenga en cuenta en la revisión del sistema de financiación autonómica, que se realice una estrategia española para ofrecer alternativas al declive poblacional y que se establezcan medidas desde la Unión Europea que ayuden a las regiones con problemas demográficos.
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