No merece la pena dedicarle mucho tiempo: en España, una declaración similar a la de Luis Herrero le hubiera supuesto una acusación por parte de la fiscalía del Estado con el cargo de, cuando menos, "expresiones vejatorias, humillantes y atentatorias contra la dignidad y el honor" del jefe de Estado (Artículo 208, 490.3, 504 y 505 del Código Penal español). Enfrentaría, además, una petición de pena de cárcel que hubiera estado por encima de los tres años.
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