El Tribunal Supremo se ratifica en lo que dijo en junio de este año: la prohibición del uso administrativo del valenciano ante Cataluña y Baleares. El alto tribunal desestima los incidentes de nulidad que a su sentencia de hace unos meses presentaron la Generalitat y el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV). Y les impone las costas a ambos.
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