Unidas Podemos impugnó el decreto al considerar que el Ejecutivo de Rajoy vulneraba el principio de igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y la protección debida a los consumidores. El decreto ley establece un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las sentencias judiciales que declararon nulos determinadas cláusulas hipotecarias
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