El terreno que la lava del volcán de La Palma está ganando al mar es ya, automáticamente, dominio público marítimo terrestre, es decir, propiedad del Estado, mientras que las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas. No obstante, este aumento del territorio nacional obliga al Estado a proteger su nuevo bien, ya que forma parte del patrimonio geológico y por tanto está sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que este podrá o no expropiar tales propiedades.
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