Algunas de las empresas que deseaban ser afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo para eludir costes de despidos y otros gastos, necesitaban facturas falsas para situarse en "números rojos", única situación en que podían acogerse legalmente a un ERE.Las operaciones de falsificación de facturas se hacían todas las semanas y según sus cálculos, el importe ascendía desde el año 2000 al año 2008 a unos 600.000 euros semanales. Esto es, mensualmente el importe falsificado ascendía a casi 2,5 millones de euros.
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