Hay magistrados convencidos de que la Guerra Civil arrancó en 1934 y que la Ley de Memoria Histórica es "una perversión ética" que "corrompe y envenena el presente". Hay jueces que creen que el 18 de julio de 1936 Franco inició un plan de exterminio de rojos que provocó la desaparición de más de 150.000 personas y la sustracción de cerca de 30.000 niños. Hay jueces, pocos, que se creen competentes para ordenar la apertura de las fosas comunes donde yacen las víctimas. Otros, algunos más, que opinan que no es de su incumbencia.
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