La reforma del delito de sedición fue el último motivo esgrimido por el Partido Popular, en octubre de 2022, para romper las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la renovación del Consejo General del Poder General (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. La excusa era la vigésima que empleaba el PP desde esa fecha para seguir bloqueando la renovación.
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