La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ratificado una multa de 50.000 euros impuesta por el Ministerio de Trabajo a una empresa constructora de Almassora por obstruir la labor de la Inspección al no identificar a siete operarios y un gruista que desaparecieron cuando dos inspectoras les requirieron la documentación.
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