Hace un año, una mujer nigeriana embarazada y víctima de trata se pasó 20 días recluida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid antes de ser expulsada a su país. La Policía española la cazó sin papeles y consideró que no podía tener acceso a la protección a la que tienen derecho las víctimas de trata. Las organizaciones reclaman que no sea la Policía la que determine en exclusiva si una mujer es víctima de trata o no, sino que a la explotada la entreviste un equipo multidisciplinar.
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