El Tribunal Constitucional avala que se aplique una multa en vez de la expulsión al extranjero irregular, abriendo una puerta a la "regularización mediante pago". Además considera que la Administración o los jueces podrán decidir a ojo de buen cubero cuando procede la multa y cuando la expulsión, con el riesgo de disparidad de criterio y falta de seguridad jurídica de extranjeros, abogados y jueces.
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