El fantasma de la invasión de Irak persigue todavía a los prebostes del laborismo británico. El responsable esta vez ha sido un tribunal que ha dictado una resolución que obliga al primer ministro, Gordon Brown, a hacer públicas las deliberaciones de las reuniones del Consejo de Ministros en las que se dio luz verde a la entrada del Reino Unido en la guerra. La decisión ha suscitado un encendido debate jurídico en el país, donde las deliberaciones del Gobierno se conservan en secreto durante 30 años.
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