Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, UGT y CCOO fueron contundentes: "Este proyecto de ley significa el mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años y constata la sumisión del Gobierno a los poderes económicos". La propuesta de rebajar de los 100 días actuales a 30 el periodo en el que las personas en paro pueden rechazar acciones de formación salió adelante. "En lugar de incentivar y reconducir las políticas activas de empleo, prevalece la política de la sanción y la infracción a las personas desempleadas".
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