La federación andaluza de UGT utiliza desde hace años a Soralpe -una de las empresas creadas por el sindicato que ahora investiga la juez Mercedes Alaya- para hacer facturas presuntamente falsas con las que ha pagado gastos generales de sus sedes provinciales. Estos recibos se los ha cargado de forma irregular a la Junta de Andalucía, como si fueran cursos de formación.
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