La reforma de la norma sobre el funcionariado, con la que el actual Gobierno prevé reducir 800 puestos de libre designación, centró los puntos de fricción entre los grupos que apoyan al Gobierno y la oposición, en un pleno extraordinario de la Cámara marcado por el consenso sobre las modificaciones legislativas para reconocer el estatus jurídico de los ex presidentes, renovar el valedor y el Consello de Contas, y aprobar la nueva ley gallega sobre violencia sexista.
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