Para justificar esta reforma, se hace mención a una demanda creciente de la ciudadanía en torno a la seguridad, difícilmente demostrable. Efectivamente, a diferencia de las opiniones en contra de este Anteproyecto, no aparecen ante la opinión pública, colectivos u organizaciones ciudadanas que denuncien una situación de inseguridad tal que haga necesario un cambio en las políticas criminales del Estado español o un control estricto del espacio público.
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