El Banco Santander presentó un escrito en el TJUE en el que reconoció que la operación de compra del Popular se realizó fuera de plazo, aunque defendió que fue legal. La entidad presidida por Ana Patricia Botín defiende la legalidad de la puja porque cualquier banco que hubiese ofrecido una cantidad superior se hubiese llevado al Popular. para justificar esa irregularidad jurídica, Ana Patricia Botín afirmó en la Audiencia Nacional que habían recibido una comunicación formal por parte de la JUR en la que les ampliaba el plazo de la subasta.
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