El BCE considera que el Banco Popular transgredió la normativa contable establecida en las leyes españolas al alterar durante años sus ratios de solvencia y alterando sus datos contables. Así, contempla que en 2012 la ampliación de capital se llevó cabo a sabiendas de que era ilegal y trataron de ocultarlo. La falta de veracidad sobre la situación económica del Banco se hizo fehaciente, no solo en mayo de 2016, sino que en junio de 2017 la entidad desmintió públicamente que existiera riesgo de quiebra.
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