Las urbanizaciones levantadas de manera ilegal, declaradas así por los jueces, cuentan desde el 1 de octubre con un pilar nuevo para resistir la demolición. Ese día entró en vigor una modificación legislativa que obliga a los tribunales a exigir, antes de derruir esas edificaciones, garantías económicas para aquellos que, por ejemplo, hubieran adquirido una de esas construcciones. La única condición es que esa tercera parte sea "de buena fe". Una pequeña enmienda ha añadido complejidad a la lucha contra el urbanismo ilegal.
|
etiquetas: urbanismo , legalidad , especulación , desmanes , reparación urbanística 
