El Consistorio de Cervera de los Montes debe pagar a la trabajadora el salario que dejó de percibir desde su despido, ahora declarado nulo, hasta la fecha prevista de finalización del contrato, así como indemnizarla con 2.000 euros por daños morales. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se considera probado que el Ayuntamiento vulneró su derecho fundamental a la no discriminación al echarla de su puesto laboral por su condición de persona discapacitada.
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