El Convenio con el que se pretende costear la defensa de Llarena fue firmado en el año 2010, al amparo del derecho a la defensa jurídica de los empleados públicos que fue suprimido por la Ley de Tasas del ex ministro, Alberto Ruiz-Galardón. Si el gobierno de Sánchez quisiera recuperar retroactivamente la eficacia del Convenio del 2010 para costear la defensa de Llarena, se enfrentará entonces a una catarata de reclamaciones de todos aquellos jueces y magistrados que también hubieran sido condenados en costas durante estos cinco últimos años.
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