Ante la total pasividad del Gobierno regional, operadores buitre aprovechan una ley y un decreto autonómicos para extorsionar a dueños de apartamentos turísticos y comprar sus inmuebles a precios de saldo. Una gran movilización ciudadana batalla contra un entramado jurídico que prohíbe a los pequeños inversores todo uso privado de sus inmuebles y los obliga a cederlos en explotación a un tercero. "Bienes que heredamos de nuestros padres o que pensábamos legar a nuestros hijos valen en este momento cero euros", advierte la plataforma PALT.
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