El Gobierno ha determinado que el almacén de gas subacuático no volverá a tener actividad tras las conclusiones del estudio encargado al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sin embargo, la aventura del Castor le seguirá costando dinero al consumidor de gas y más si el Ejecutivo decide desmantelar la infraestructura, lo que supondría un coste adicional de unos 280 millones.
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