España tendrá que poner toda la carne en el asador para evitar multas de la UE por el incumplimiento de la directiva marco de residuos del 2009 (revisada en 2018). Esta norma exigía lograr un nivel de recuperación y reciclado del 50% de los desechos municipales en el 2020; pero esta meta no se ha alcanzado. Los ayuntamientos españoles se verán obligados a implantar una tasa pública diferenciada y específica para la recogida y el tratamiento de los desechos domésticos municipales de su competencia. Se aplicará gravamen sobre vertidos y residuos
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