La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficem) ha recurrido ante el Tribunal Supremo aspectos relacionados con el nuevo mecanismo competitivo para asignar el servicio de interrumpibilidad entre los grandes consumidores de electricidad. Industria quiere reducir el coste anual a unos 500 millones y, por este motivo, ha lanzado el nuevo mecanismo de subastas. Los costes de interrumbilidad lo asumen los consumidores a través de los peajes de la tarifa y también las tecnologías poco gestionables.
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