A pesar de que el Alto Tribunal prohibió a las administraciones usar la colaboración social para tareas estructurales, el Ejecutivo quiere permitirlo a parados que comenzaran a hacerlo antes del 27 de diciembre de 2013. Los tribunales ya han dado la razón a varios trabajadores que reclamaron que su colaboración social era en realidad una relación laboral de pleno derecho.
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