Los españoles debemos unos 30.000 millones de euros a cinco grandes empresas eléctricas en concepto de déficit de tarifa y esa cantidad crece a un ritmo aproximado de 3.000 millones de euros anuales. Por si eso fuera poco, esta situación ha secuestrado completamente nuestra política energética y no tiene visos de solucionarse con las recientes medidas del Gobierno. La postura que argumentamos en este artículo es que ha llegado el momento de auditar dicha deuda, determinar qué parte es ilegítima y pagar sólo la que no lo sea.
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