Andamos año tras año regalando al Consejo General de Economistas la decisión sobre cuál debe ser el caso del que debemos hablar cuando discutimos sobre el Impuesto de Sucesiones, y su variación entre comunidades autónomas. Y permitiendo que números irrelevantes, que se aplican a un pequeñísimo porcentaje de la población, constituyan el framing de la discusión sobre el impuesto al que algunos partidos políticos dedican tanto entusiasmo, digno de mejor causa.
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