La Junta Electoral, en sucesivas resoluciones, ha consagrado la abstención como un derecho de los ciudadanos que debe ser protegido y que los poderes públicos no pueden violentar con campañas institucionales que insten a la participación en los comicios del 25-M.España es el único país en el que no se pueden realizar campañas institucionales llamando al voto con publicidad directa en la que se incluyan urnas, papeletas o la leyenda “vota”.
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