Según el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jueces, fiscales y funcionarios de Justicia podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad si ninguna de las partes se opone alegando que la desconoce y que ello puede producir indefensión. Las partes y sus abogados, así como testigos y peritos tienen derecho a usar las lenguas cooficiales del lugar en el que se celebre el juicio, tanto en manifestaciones orales como escritas.
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