Las arcas públicas ahorrarían unos 300 millones de euros anuales en el coste del transporte público en caso de que se aprobara una ley que articulara la financiación de este modo de transporte, según la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes urbanos Colectivos (ATUC). España es el único país de la UE que no cuenta aún con una ley de financiación del transporte público, una norma que fijaría el reparto del coste del sistema entre las distintas administraciones y el usuario.
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