El Código Penal de 1995, calificado pomposamente por sus redactores como el Código Penal de la Democracia, nació muerto en lo que se refiere a la libertad de expresión. Iglesia, Monarquía, Patria y Bandera quedaron blindadas frente a la legítima crítica de los ciudadanos, con penas por delitos contra los sentimientos religiosos y patrióticos.
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