La discrepancia se centra en los nueve swaps (contratos de riesgo financiero) que los Metros de Lisboa y Oporto, junto con la empresa Carris (autobuses y tranvías de Lisboa) y STCP (autobuses y tranvías de Oporto), firmaron con la filial del Grupo Santander en Portugal entre 2005 y 2007, y que el Estado luso dejó de pagar en 2013.
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