El torpe intento del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por capitalizar políticamente el rechazo social a la sentencia de La Manada ha acabado de colmar la paciencia de jueces y fiscales, que han recibido las alusiones a la supuesta inacción del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) con el inconcreto “problema singular” del juez Ricardo González como el enésimo ataque de un Gobierno contra cuyo “abandono” las siete asociaciones profesionales de ambas carreras han convocado una jornada de paro para el 22 de mayo, con un prolegómeno
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