Países que atraviesan dificultades económicas han tomado nota. Sólo el año pasado, Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Holanda y España introdujeron nuevos programas que otorgan la ciudadanía directa u ofrecen una ruta a la ciudadanía a aquellos que inviertan grandes sumas en el país. No obstante, la práctica ha generado preocupaciones sobre la transparencia y control de los programas. En enero, Vivienne Reding, vicepresidente de la Comisión Europea, declaró en un discurso que "la ciudadanía no puede estar a la venta".
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