La decisión de Interior de investigar de forma masiva las opiniones que se han vertido en las redes sociales a raíz del asesinato de Isabel Carrasco no es más que otra demostración de un talante menos que democrático y muy acorde con las raíces fundacionales del actual partido de gobierno; reprimir la opinión no es investigar un delito sino coartar unos derechos fundamentales.
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