El Juzgado de Instrucción número dos de Padrón (A Coruña) desestima el recurso interpuesto por Marina Castaño para el cierre de la instrucción del caso en que le imputa un presunto delito de malversación."Existen indicios de que Marina Castaño en el ejercicio de su cargo como presidenta de la Fundación empleó dinero público para usos distintos para los que fue concedido" Complementaria de www.meneame.net/story/marina-castano-imputada-malversacion-junto-exger

Nuestro Código Penal, en el artículo 432. 1., tipifica el delito de malversación de caudales públicos, que castiga como una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por un tiempo de seis a diez años, a “la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones“.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sostiene que no hay ninguna prueba que acredite que el 1-O supuso un gasto público de 6,2 millones de euros y ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una fianza por esa cantidad a los seis investigados a los que ha tomado declaración este jueves.

La Assemblea de Docents ha denunciado ante la Fiscalía a la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, por un presunto delito de «malversación de caudales públicos» al haber cargado los gastos de 32 traslados hasta Menorca en sólo ocho meses y «procurarse pasar hasta 17 fines de semana» en su isla natal.

A la reapertura de la investigación en Madrid por los fondos del dictador, ahora se suma que la entidad de Andrónico Luksic no reportó movimientos sospechosos de otro comandante en Jefe. El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha iniciado una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco de la indagatoria que se lleva adelante en contra del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, por una supuesta malversación de caudales públicos

La exministra francesa de Justicia Rachida Dati salió hoy al paso de las acusaciones de haber destinado dinero público a su uso personal cuando estaba en el gabinete, unas incriminaciones que la ahora eurodiputada cree que provienen de su propio campo político y que ella rechaza.

El juez Pablo Llarena requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

La Junta Electoral de zona apercibe al PSOE de Lugo y le advierte que deje de gastarse miles de Euros de fondos públicos del Ayuntamiento y la Diputación en actos de campaña de su partido.

La operación inmobiliaria que permitió que el PSOE andaluz estrenara sede en pleno centro de Málaga le terminó costando a la Junta de Andalucía 400.000 euros. En esa cantidad se incluyen los 280.000 euros que el gobierno que presidía entonces Manuel Chaves pagó por el local del edificio que el PSOE entregó al constructor que le hizo la obra para saldar la factura y que éste vendió inmediatamente a la Empresa Pública del Suelo (EPSA). Los 120.000 euros añadidos, los gastó la entidad pública en acondicionar el local comercial que no era suyo.

La sentencia es del pasado 7 de octubre, y supone básicamente extender el delito de malversación de fondos públicos a todas las empresas y sociedades mercantiles, aunque sean entes instrumentales y no tengan carácter de Administraciones Públicas. Es decir, que quienes se apropien de dinero público tendrán un agravante al tratarse de una Administración, aunque sea periférica.

La Fiscalía de Girona investiga a Santi Vila Vicente por malversación de fondos públicos cuando era alcalde del ayuntamiento de Figueres y también a su sucesora Marta Felip i Torres. La denuncia de la Oficina Antifraude de Cataluña asegura que Vila Vicente alquiló como alcalde de Figueres unos locales a una familia catalana que nunca se destinaron al servicio municipal por el que se hizo el contrato.

El exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el exviceconsejero socialista Carlos Esco han sido detenidos este viernes en el marco de una nueva operación policial como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos. Tras prestar declaración en dependencias policiales, ambos han quedado en libertad con cargos.

El Banco de Italia solicita una inyección de dinero público en la banca del país El gobernador del Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha indicado este viernes que la banca italiana necesita un "respaldo público" que sea capaz de garantizar la estabilidad financiera en un escenario "lleno de riesgos", tras la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea en el referéndum del pasado 23 de junio.

Antonio Maestre se ha visto las caras con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, después de que el partido de extrema derecha interpusiera una querella contra él por un supuesto delito de calumnias. El periodista de La Marea ha aprovechado su participación en una tertulia televisiva para dejar en evidencia las contradicciones de Vox. De esta forma, Maestre ha preguntado a Ortega Smith por el dinero público que el líder de su partido, Santiago Abascal, estuvo cobrando en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre.

La Consejería de Salud, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), financia con dinero público desde 2020 unas “becas de excelencia” para la realización del Máster de Oncología Molecular de un centro privado de Madrid. Según la información obtenida por elDiario.es Andalucía, el Ejecutivo regional ha invertido alrededor de 150.000 euros en el Centro de Estudios Biosanitarios (CEB) para su programa de ayudas, pero lo ha hecho sin que el acuerdo recoja que la escuela participe en la elección de los becarios ni en el programa docente.

El jurado popular presidido por la juez Mercedes Alaya ha condenado al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por gastar dinero público, 32.566 euros, en prostíbulos durante su mandato al frente de esta fundación pública.

El Bundesbank va a ser uno de los bancos centrales de la zona euro más afectados por las alzas de tipos de interés. Su balance se va a resentir con intensidad en los próximos años, hasta el punto de que podría ser necesaria la inyección de dinero público para su capitalización, según ha advertido la institución germana Bundesrechnungshof, una suerte de tribunal de cuentas para el sector público alemán. “Las posibles pérdidas del Bundesbank son sustanciales y podrían hacer necesaria una recapitalización con fondos presupuestarios”, señala...

Jornada de movilización en España bajo el lema la privatización mata. Los datos de la coordinadora antiprivatización confirman que mientras Sanidad recorta el presupuesto, el porcentaje de dinero público que se paga a servicios privados crece, un 52% en los últimos nueve años. Donde más en Madrid: en 2011 se llevaron 714 millones de euros, un 8,5% del presupuesto sanitario. Además, las listas de espera quirúrgicas aumentaron en 2013 un 26% y en la capital cerca de 73.000 personas están pendientes de una operación.

Ayer las afirmaciones de su propio departamento de que, con la Unión Bancaria, no se podría volver a rescatar bancos con dinero público.

Pladesemapesga denuncia en el Juzgado de Guardia un entramado societario relacionado con el exsecretario de Medio Rural y su hermano (Sres. Atan Castro) y organismos públicos para realizar cursos subvencionados con fondos europeos utilizados para telemarketing de la empresa VODAFONE y proyecto multimillonario para Portos de Galicia.

El Gobierno de Ignacio González parece que de repente ha encontrado dinero para Telemadrid. Pero no para mantener el empleo en la cadena, si no para facilitar buenos negocios privados con dinero público. Nada menos que 13.631.000 euros en contrataciones externas desde que se conoció la sentencia del ERE de Telemadrid en el Tribunal Supremo como no ajustado a derecho el pasado mes de marzo.