El exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II cuando adquirió Inassa, Pedro Calvo, interrumpió el miércoles en la Audiencia Nacional, su declaración como imputado ante el juez del caso Lezo para pedir agua. En un momento de su interrogatorio de casi dos horas ante el magistrado Manuel García Castellón y la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, pidió agua y cuando se le informó que era complicado facilitársela replicó: "¿Qué pasa, que aquí no llega el Canal?"

Esta práctica no es nueva para el Canal. Entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5 millones de euros a casi 50 despachos de abogados, muchos de ellos ligados al PP. Es más, tal y como recuerda la SER, llegaron a contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en el Canal.

Canal de Isabel II ha adjudicado, por 39.500 euros, al estudio jurídico Ejaso el contrato de servicios de asesoramiento jurídico en el caso Lezo,que investiga una presunta trama de corrupción política en la empresa madrileña.El importe máximo de la licitación era de 63.307 euros (IVA incluido) y se ha adjudicado al precio más bajo,han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido revocar la extradición solicitada para uno de los exdirectivos del Canal de Isabel II detenidos en Colombia después de que este haya empezado a colaborar con los investigadores y delatar a los cuatro compinches (cinco junto con él) que se llevaron presuntamente comisiones tras la compra de la filial brasileña Emissao, una de las piezas principales del caso Lezo. Diego García Arias, durante cinco años gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa [...]

Un juzgado de Madrid ha declarado "improcedente" el despido de María Fernanda Richmond,exdirectora de negocios del Canal de Isabel II,imputada por seis delitos en la trama Lezo. El 26 de octubre de 2017,el Consejo de Administración del Canal de Isabel II acordó el despido fulminante de Richmond. Se ampararon en el informe que encargaron al despacho de abogados Uría Menéndez,que concluyó que,tras su imputación en la trama Lezo,el despido de Richmond,exdirectora de negocios del Canal era procedente,y además,sin cobrar ningún tipo de indemnización

Colombia ha condenado a 12 años de inhabilitación al exregidor de Santa Marta por amañar contratos. Fue el artífice de que el Canal perdiera la concesión en 2017. Carlos Caicedo fue uno de los principales artífices de que el Canal de Isabel II perdiera las concesiones que tenía en el municipio colombiano de Santa Marta. De hecho, el grupo parlamentario de Podemos le trajo a Madrid en diciembre de 2016 para que hablara en la Asamblea de Madrid sobre los contratos que en esos momentos esta localidad mantenía con la filial del Canal, Metroagua

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González trató, durante la primera declaración prestada en la Audiencia Nacional tras su detención en la operación Lezo, desmarcarse de los negocios sucios del Canal de Isabel II. En los audios de su interrogatorio,asegura que desarrollaba "funciones mínimas" y apunta como máximo responsable al director gerente en aquellos años, Ildefonso de Miguel. "Yo solo iba al Canal los miércoles por la mañana", destaca..

Seis empleados del Canal forman parte de la acusación. Han hecho un estudio de las pérdidas económicas de la plantilla desde que en 2012 González transformara el ente en una sociedad anónima.

Mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera, ha declarado ante el juez del caso Lezo Edmundo Rodríguez Sobrino, el que fuera la mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica

La pieza separada número 1 tiene que ver con la compra por el Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001,una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros. La segunda pieza separada tiene que ver con los contratos de adjudicación de la construcción y gestión de un campo de golf de los terrenos del Canal en el distrito madrileño de Chamberí. La tercera se refiere a las irregularidades en la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. La cuarta se centra

Ordena indagar el cobro de 1,4 millones de euros por parte del exgerente del Canal de Isabel II al sospechar que pueden ser pagos de la multinacional. Tras cuatro años de investigación en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, los investigadores siguen rastreando el movimiento de dinero vinculado a los cabecillas de este caso de corrupción, bautizado como Lezo. Tanto es así que el magistrado Manuel García Castellón ha acordado una ampliación de las comisiones rogatorias a Suiza

El magistrado de la Audiencia NacionalManuel García Castellón tomará declaración este miércoles en calidad de investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II, según informan fuentes jurídicas. El presunto cabecilla de la trama Lezo solicitó declarar voluntariamente ante el juez instructor del caso para pedir una rebaja de las medidas cautelares adoptadas el pasado 21 de abril cuando se decretó prisión sin fianza

“No es la primera vez que Cristina Cifuentes miente, pero sí la primera que tenemos pruebas para demostrarlo”.Podemos se plantea incluso la posibilidad de interponer una querella por la vía penal. Y es que no terminan de creerse la versión de la presidenta, que lleva casi un año amparándose en el secreto sumarial para negar a Podemos información relacionada con las actuaciones de la trama Lezo a través del Canal de Isabel II. Los documentos de los que hablaba Cifuentes NO forman parte del sumario y, por tanto, él no podía “dictaminar, aconseja

Diego García, exgerente de una filial del Canal de Isabel II, ha afirmado este miércoles al juez que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González cobró 1,8 millones de dólares (1,5 millones de euros) de una comisión de 5,4 que se repartieron entre 5 personas, incluido el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, por la compra de una empresa en Brasil. El Canal pagó, a través de Inassa, 30 millones de dólares en 2013 por la empresa brasileña.

La comitiva judicial española recaba en Colombia los expedientes de contratación de Inassa y el presunto desvío millonario de la filial del Canal de Isabel II La Procuraduría colombiana cifra en 80 millones de euros el agujero en la filial de aguas española a través de un contrato ficticio de asistencia técnica

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón va a entrar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado. El exministro de Justicia está imputado en el caso Lezo por la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad panameña. Anticorrupción apuntó a que se produjo un desvío de fondos porque se pagó por esa compañía mucho más de lo que costaba realmente. Su antiguo equipo en la Comunidad de Madrid ha defendido que la compra fue legal con la que generaron 200 millones de euros de beneficio.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, considera que las pruebas obtenidas hasta el momento sobre la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao apuntan a que el propio Ignacio González, Rodríguez Sobrino y otros imputados cobraron una mordida de 5,4 millones, según consta en un auto de 2 de julio.

La Audiencia Nacional sospecha que los fondos fueron a parar a manos del expresidente madrileño, que los afloró después con operaciones de blanqueo. Según la tesis de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la respuesta está (entre otras operaciones) en el vaciado de la cuenta donde su hermano y su cuñado cobraron el presunto pelotazo del campo de golf del Canal.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Fiscalía considera "altamente contrastado" la "pasividad institucional de la Comunidad de Madrid (CAM) en el control de las operaciones del grupo Canal de Isabel II en Sudamérica a lo largo de los años"."Nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa", subraya Anticorrupción.

La Comunidad de Madrid recibió en agosto,el mismo día,casi misma hora y en el mismo fax, dos notificaciones del juez Andreu:una en la que aceptó su personación en el caso Lezo y otra en la que aclaró que los documentos vetados a la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario. Pero,en agosto,el Gobierno de Cifuentes solo comunicó la primera.El 18 de diciembre se levantó el secreto del sumario del caso Lezo.Desde ese día,los abogados de la Comunidad podrían haber encontrado en el tomo 48 la providencia del juez,donde les daba vía libre..

Los investigadores concluyen que hay indicios claros de que los 73 millones de dolares que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía y que el visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo,a través de una empresa radicada en Panamá,y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco. Además cuestionan en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar..