El Tribunal Supremo ha condenado al sindicato UGT de Balears a devolver una subvención pública por no justificar los gastos de unos cursos de formación, que fueron financiados por el Govern. El sindicato tendrá que reintegrar a las arcas públicas la cantidad de casi 91.000 euros, que corresponde al importe no justificado y a los intereses de demora. La sentencia del Supremo ratifica la decisión inicial adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que acordó dar la razón a la administración al reclamar esta subvención al sindicato.
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