Si hacemos caso del número de asesores y enchufados puestos a dedo en la función pública la conclusión es que los funcionarios de carrera a quienes sustituyen son unos imbéciles inservibles. Lo que sucede es que aquí —a diferencia de Francia o Gran Bretaña, pongamos por caso— no interesa que haya unos servidores públicos bien formados y bien pagados. Éstos, más bien, resultan un incordio, pues someten las decisiones de los políticos al principio de legalidad y lógicamente entorpecen sus chanchullos.
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