Durante una serie de registros domiciliarios a lo largo de la frontera germano-holandesa, las fuerzas policiales constataron que las condiciones de vida de los trabajadores migrantes (del este y sureste europeo) en viviendas suministradas por sus empleadores eran inaceptables, a pesar de que gran parte de sus salarios se destinaba al alquiler. Las autoridades neerlandesas encontraron pruebas de "flagrantes incumplimientos de las leyes de protección laboral", incluidos el salario mínimo, la jornada laboral y la protección contra el despido.
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