Cuando la patronal española se vio amenazada en los años veinte del siglo pasado, -el siglo XX-, a causa de las luchas obreras, en especial en Cataluña, surgió el pistolerismo patronal. Los pistoleros del llamado Sindicato Libre, que protegió el jefe de policía de Barcelona y luego Gobernador Civil de Cataluña Martínez Anido que posteriormente fue responsable de interior con Franco y un digno antecesor del Ministro del Interior del PP Sr. Fernández, pues en versión del siglo XXI y cual remozado Martínez Anido legaliza que los seguratas pasen a

arios países han retomado las negociaciones respecto al Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) y, entre las nuevas opciones que están planteando, estudian convertir a las operadoras de Internet en "la policía privada del copyright", según explica La Quadrature du Net. Esta asociación, que califica el documento de "antidemocrático", advierte de que en la nueva ronda de conversaciones -celebradas en Nueva Zelanda- podrían incluirse sanciones "más duras" en relación con los derechos de autor de las patentes y marcas.

Martock es un pueblo de 4.700 habitantes al borde de los niveles de Somerset. Desde el punto de vista superficial, no parece estar en un lugar situado a la vanguardia de la política social, con débiles ecos del futuro tal como lo imaginaron JG Ballard y Philip K Dick.

Mejor verlo sin reír.

Recogida de firmas para que los Vigilantes de Seguridad recuperen el carácter de Agentes de la autoridad

El conseller de Interior, Felip Puig, ha planteado hoy imponer una tasa de contraprestación para que la Generalitat cobre a los organizadores de grandes eventos, desde partidos de fútbol hasta grandes conciertos, a cambio de prestar los servicios de seguridad.

Si una empresa privada quiere organizar cualquier tipo de evento en la vía pública, y necesita la presencia de la policía local para regular el tráfico, tendrá que pagar por ello. El Ayuntamiento de Valencia ha modificado la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la realización de actuaciones singulares de regulación del tráfico y ha establecido una serie de tarifas para que la presencia de los agentes en aquellos actos que organizan entidades privadas no sea gratis.

La Intersindical-Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada (Intersindical-STSP) denunció a seis mandos policiales ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por vulnerar las órdenes ministeriales que obligan a la Policía a vigilar los materiales y actuaciones de las grandes empresas de seguridad privada. Las denuncias indican que el Cuerpo Nacional de Policía debía haber sancionado por valor de 15.000 millones de euros a diferentes sociedades por no instalar material de seguridad homologado en viviendas, empresas e instituciones.

Un inspector jefe de la Policía Nacional española, agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, alertó a los dirigentes de la Banca Privada de ese país (BPA) de que el Banco de España se preparaba para hacer una inspección a su filial en Madrid, pero que podrían evitarlo si colaboraban con ellos, según consta en el sumario de la causa abierta en Andorra sobre las coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de la familia Pujol,

La inseguridad que los argentinos sienten desde la grave crisis económica y social de 2001 ha incrementado la presencia de personal de seguridad privada, que ya casi dobla en número a los efectivos policiales que hay en el país. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi), actualmente son más de 200.000 los trabajadores de la seguridad privada. En tanto, se calcula que son 80.000 los efectivos de la Policía Federal mientras que unos 40.000 pertenecen a las fuerzas de seguridad de otros distritos del país.

El Ejecutivo ha firmado un contrato con ocho empresas para que se hagan cargo de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios sustituyendo a agentes de Policía por vigilantes privados, tal y como ya ocurre con la Guardia Civil. Los casi 7.400.000 euros de la licitación suponen un coste un 200% superior al de la seguridad pública.

Desde el próximo mes, los policías peruanos que estén de franco o de vacaciones podrán ser contratados para brindar servicio de patrullaje en serenazgo o de seguridad en las empresas privadas, dijo el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), Ismael Vargas.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo de haber compaginado su labor policial con sus negocios privados sin haber solicitado la compatibilidad e incumpliendo la normativa que afecta a los funcionarios de este Cuerpo. Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde principios del pasado mes de noviembre acusado de la comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal por orden del juez.;el comisario retirado desarrolló trabajos privados “sin la previa solicitud de compatibili

La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno seguridad privada con armas para suplir a los policías locales actualmente de baja, según ella. 26 de 32.

La Policía Municipal de Madrid ha actuado este fin de semana en casi 300 fiestas privadas, celebradas en domicilios o en locales que superaban la hora de cierre, y han actuado en un botellón con Madrid Río donde había 300 jóvenes.

Patel no es el único empresario que gasta dinero en seguridad privada mientras los departamentos de policía de los EE. UU. pierden personal. Ya luchando por reclutar nuevos solicitantes en 2019, los departamentos de policía vieron un aumento en las jubilaciones y una caída en los nuevos reclutas después del asesinato de George Floyd en 2020 y la posterior reacción violenta contra la policía, dice Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía. . Solo en Filadelfia, los niveles de personal policial cayeron 10%

La seguridad en la región está ya en manos de las empresas privadas.Hay tantos efectivos como Policía Local, Nacional y Guardia Civil junta.Y cada año el sector crece un 20%En Madrid hay 27.000 vigilantes trabajando.

El Ayuntamiento de Ciudad Real prescinde de la Policía Local para vigilar el edificio del Consistorio. La Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de un servicio de vigilancia privada de la casa consistorial que empezará a funcionar a mediados de este mes, de 7 de la mañana a 18 horas. El gasto será de 3.806 euros al mes.

El Ayuntamiento de Las Palmas tiene previsto sacar a concurso un contrato para la seguridad y vigilancia de edificios municipales con un coste de licitación de 241.368€. El alcalde pretende sustituir a los policías locales que actualmente custodian los inmuebles municipales por vigilantes de seguridad privada.Los 14 agentes de policía local cuestan 533.000€ al año, por lo que considera que con la nueva vigilancia se ahorrarán 291.631€. Sin embargo, los 14 agentes van a seguir en plantilla por lo que seguirán cobrando los 533.000€ de sus sueldos

La seguridad privada no supone ahorros para el contribuyente. Al contrario, cuesta el doble que la seguridad pública. Es la principal conclusión del informe presentado en la mañana de este viernes por la Unión Federal de Policia (UFP). “Si nos fijamos en el proyecto piloto de la contratación de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios, vemos como el coste de cada trabajador se eleva a 3.233 euros/mes frente a los 1.600 de un policía nacional”, denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.

Seis policías municipales de Madrid que formaban parte del grupo de WhatsApp en el que se insultó a la alcaldesa Manuela Carmena han defendido este jueves ante el juez que se trataba de un "chat privado", si bien no han negado el contenido del mismo, según fuentes jurídicas. Entre los agentes que han declarado como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Plaza de Castilla, Juan José Escalonilla, se encontraban Julián Leal, exportavoz del sindicato CPPM, mayoritario en la Policía Municipal, y Carlos Bahón.

A raíz de la queja que interpuso la Brigada Provincial de Información de Madrid ante el Colegio de Abogados, en la que denunciaban que los letrados recomendaban a los detenidos en manifestaciones que no declarasen en comisaría, se ha tensado la cuerda en una disputa sobre interpretaciones de la ley.