El Ejecutivo ha firmado un contrato con ocho empresas para que se hagan cargo de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios sustituyendo a agentes de Policía por vigilantes privados, tal y como ya ocurre con la Guardia Civil. Los casi 7.400.000 euros de la licitación suponen un coste un 200% superior al de la seguridad pública.
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