La Audiencia de Sevilla confirma que la juez Alaya podrá investigar, y rechaza la recusación que plantearon la defensa y la Fiscalía de Sevilla, considerando que actuaron de "mala fe" al recusar a la magistrada con "meras conjeturas o suposiciones sin consistencia". Este auto cierra definitivamente la posibilidad de arrebatar la causa a esta juez, que tan incómoda parece a los implicados en la trama, ya que no podrá plantearse ninguna otra recusación contra la misma.

La Junta de Andalucía se ha despabilado en sólo 48 horas. Recio hizo públicos los resultados en su página en Facebook pero la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio un plazo de 48 horas para que el Gobierno andaluz, que había presumido de colaborar con la justicia, le envíara todos los informes que faltan y que están plagados de contradicciones. El viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, entre 2004 y 2010, también pagó con el dinero del "fondo de reptiles".Se sube un escalón político: de director general a viceconsejero

Considera que "no es legítimo" que la Junta se persone como perjudicada y, de otro lado, "pretenda ocultar datos que pueden ser relevantes".

Distante, metódica e imperturbable son algunos de los calificativos que mejor definen a la magistrada cuya investigación ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía

El Ministerio Público ha puesto al frente del caso de los ERE al fiscal que recusó a la juez Alaya por el caso Mercasevilla. La Fiscalía Anticorrupción quiso tomar cartas en el asunto del caso de los ERE. Sin embargo, como muchos temían podría producirse aquí una maniobra para dar algo de aire a la Junta. Según informa La Gaceta, el Ministerio Público colocó en el caso al fiscal Juan Enrique Egocheaga, el que recusara a la juez Mercedes Alaya por una supuesta incompatibilidad en el caso Mercasevilla.

El secretario general de la UGT-A, Manuel Pastrana, anunció ayer que el sindicato se querellará contra cinco personas afiliadas que aparecen como beneficiarios de prejubilaciones en empresas en las que nunca habían trabajado. De esta forma, UGT se personará como parte perjudicada en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. La jueza instructora del mismo, Mercedes Alaya, instó en un auto al sindicato a personarse mediante una querella.

José Albarracín Muñoz, hermano de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia Vida, fue contratado por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el 26 de julio de 2010 a instancias de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Su contratación se produjo a las pocas semanas del nombramiento del actual consejero, Manuel Recio, y de la llegada del equipo de este último a la Junta de Andalucía. Vitalia Vida es, junto a Uniter, una de las dos empresas que están siendo investigadas por la juez Alaya

Mercedes Alaya, que investiga los ERE irregulares, ya tiene una legión de seguidores en Facebook. Algunos la apodan «La dama de hierro».

El Consejo Local de IU en Sevilla emitió un duro comunicado contra la magistrada a la que acusa de "intentar subvertir, a través de una injerencia inasumible en el proceso democrático" y considera "intolerable" que a "un día de la jornada de reflexión se anuncie algo (...) sin más excusa que la de tratar de restar votos a Izquierda Unida". Pero las acusaciones van más allá, ya que a su juicio Alaya "ha estado sujeta a las directrices, como juez decano de los de Sevilla, del candidato a la Alcaldía de esta ciudad, señor Zoido"

El Consejo Local de IU acordó dirigirse al coordinador general de IU, Cayo Lara, para que solicite "de forma inmediata" la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pare a Alaya. El candidato de IU al a alcaldia de Sevilla esta imputado por "responsabilidad y activa participación" en "el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos" de Mercasevilla a Sanma.

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha manifestado que el Gobierno comparte el "reproche" que la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha hecho a la Dirección General de Trabajo, que "no ha sido un ejemplo de gestión, si no, no se habría producido el fraude". Ha apuntando que ese "reproche está bien hecho". Rel: www.meneame.net/story/juez-alaya-censura-junta-andalucia-remitirle-fol

Mercedes Alaya, titular del juzgado que investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo, reitera que sigue sin recibir material que solicitó al Gobierno regional, y sospecha sobre la veracidad de la documentación que ya ha recibido de la Junta. Califica la documentación como papeles inconexos, notas manuscritas y post-it.

La juez Mercedes Alaya ha solicitado a la Policía Judicial que investigue si la Junta de Andalucía ha "construido o reconstruido" de forma "apresurada" los expedientes administrativos relativos a los ERE y ayudas de 67 empresas, después de que en una resolución anterior la magistrada pidiera a la Junta una copia compulsada de los mismos al constatar que en realidad se trataba de un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos".

Mercedes Alaya es la encargada de investigar presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por la Junta de Andalucía. Hace unos días emitió un auto en el que se especificaba que se debía aclarar lo sucedido en la negociación del convenio colectivo del sector de la limpieza pública de Granada y las ayudas que se destinaron a las empresas implicadas.

La juez Mercedes Alaya ha arrebatado a la policía la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos dos años y medio después de que se iniciara la instrucción del caso. Es un hecho insólito en el ámbito policial que una investigación cambie de manos, especialmente al tratarse de un caso tan complejo y de tal transcendencia judicial y política.La magistrada ha entregado el caso a la Guardia Civil.

Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente del Gobierno, vuelve esta semana a los juzgados de Sevilla para prestar declaración como imputado por un delito de alzamiento de bienes. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha citado el próximo miércoles para que preste declaración en relación con la presunta venta de un piso de su propiedad que está sometido a un embargo, a pesar de que Juan Guerra se había declarado insolvente a la hora de pagar las multas e indemnizaciones que la Justicia le impuso.

La Audiencia de Sevilla ha ordenado a la juez que investiga los supuestos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta, Mercedes Alaya, que devuelva todas las actas del Consejo de Gobierno al Ejecutivo andaluz y considera que la medida no era ni necesaria ni proporcional y critica que no justifique la razón de su miedo a que la Junta manipule las actas.

Tres imputados por tráfico de influencias y prevaricación al cobrar prejubilaciones ilícitas. Mercedes Alaya, la juez que investiga los supuestos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos de la Junta de Andalucía y enfrentada judicialmente con esta a cuenta de las actas de los Consejos de Gobierno que obligó a entregar en los juzgados, ha comenzado esta mañana a tomar declaración a los intrusos.

Nuevo auto de la juez que investiga los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya. Y nuevo varapalo al Ejecutivo andaluz, a cuyo presidente, José Antonio Griñán, apunta directamente como conocedor del procedimiento inadecuado que usaba la Consejería de Empleo para esas ayudas. Ayer la pelota estaba en el tejado de la magistrada después de que la Junta de Andalucía la apremiara para que le devolviera la custodia de las actas de los consejos de gobierno. Y la magistrada, más que devolverla, chutó a portería apuntando al presidente

El PP-A ha trasladado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla una documentación que entiende que relaciona al portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, con el uso indiscriminado de la partida 31L dedicada a la «Administración de Relacionales Laborales» con la que se financiaron ERE irregulares. Esta partida ascendió a 700 millones de euros entre 2001 y 2010.

Articulo de opinion, C&P: "Ya han declarado ante la juez Ayala los tres primeros sinvergüenzas, y conocemos sus nombres y apellidos, lo que cobraron y lo ajenos que eran a las empresas que tenían concedidas las ayudas para regulaciones de empleo. Tienen los tres en común que son militantes del PSOE y también que ninguno había pertenecido a las empresas subvencionadas." Rel: www.meneame.net/story/intrusos-ere-empiezan-declarar-ante-juez

La juez de Sevilla Mercedes Alaya siguió tomando ayer declaración a los intrusos de los ERE presuntamente fraudulentos aprobados por la Consejería de Empleo. Por el Juzgado de Instrucción 6 pasaron ayer Antonio Márquez Sánchez, concuñado del exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, también imputado en este caso; y Ricardo Medina Barrios, exmilitante del PSOE en Camas.

Los sindicatos han expresado hoy su tranquilidad ante el auto de la jueza Mercedes Alaya que pide a la Guardia Civil que investigue los supuestos beneficios que han podido obtener de las negociaciones de los ERE fraudulentos. En una rueda de prensa, el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, ha mostrado su satisfacción por que la jueza investigue la participación de los sindicatos para que la situación se clarifique y se dejen de decir "barbaridades", por "desconocimiento" o por "utilización malintencionada".

La juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha emitido un oficio en el que solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid que le permita acceder a la base de datos e incluso que le facilite toda la información que la unidad de Guardia Civil (en la que recayó la investigación después de relevar a la Policía Judicial)

La juez Mercedes Alaya, que investiga la "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos ha llamado a declarar este viernes día 9 de septiembre a otros dos beneficiarios de estas prejubilaciones falsas. Concretamente, ha citado a declarar al ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.