Tres imputados por tráfico de influencias y prevaricación al cobrar prejubilaciones ilícitas. Mercedes Alaya, la juez que investiga los supuestos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos de la Junta de Andalucía y enfrentada judicialmente con esta a cuenta de las actas de los Consejos de Gobierno que obligó a entregar en los juzgados, ha comenzado esta mañana a tomar declaración a los intrusos.
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